SAN BERNARDO.- Las agrupaciones “San Bernardo Digno” y “Denuncia Ciudadana de San Bernardo” interpusieron en el Juzgado de Garantía de la comuna una querella por fraude al Fisco y otros ilícitos en contra de la ex alcaldesa de San Bernardo y actual diputada del Distrito 14, Nora Cuevas.
La acción judicial, patrocinada por el abogado Miguel Yáñez Lagos, se basa en los resultados de la auditoría externa encomendada por el ex alcalde Leonel Cádiz a la empresa Fortunato & Asociados, cuyos resultados fueron expuestos en el concejo municipal del 9 de marzo de 2021.
“Como es de conocimiento público, el informe arrojó que la gestión de la alcaldesa UDI Nora Cuevas (2008-2020) estuvo plagada de irregularidades, faltas de control y que llevaba una contabilidad paralela distinta a la reportada a la Contraloría General de la Republica”, dijo la presidenta de “San Bernardo Digno” y candidata a CORE, Sandra Saavedra.
El informe de 438 carillas, agrega Saavedra, sostiene en sus conclusiones que “la administración de la Dirección de Finanzas no está cumpliendo con las obligaciones emanados por la ley y está en una evidente infracción a sus funciones, toda vez que los estados financieros del municipio adolecen de antecedentes que sustenten la razonabilidad de estos”.
Por su parte, el abogado precisa que “dentro del reporte tenemos que la información contable que se extrae de la contabilidad no cuadra o no coincide con la información a la Contraloría. Eso significa que después del cierre se hicieron ajustes contables”.
“El fundamento legal de esta acción penal se basa en lo establecido en artículo 239 del Código Penal que expresa ‘el empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consistiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles perdidas o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo’, en su primer inciso y la pena solicitada es de 7 años de presidio efectivo”.
