SAN BERNARDO.- A los 99 años falleció Lucía Hiriart, la viuda del dictador Augusto Pinochet Ugarte. El deceso se produjo a las 15.30 horas, en su domicilio en el sector de La Dehesa, comuna de Lo Barnechea. Considerada una figura clave en la conducción del país durante los 17 años del régimen militar, su última “aparición” en la prensa fue en medio de la pandemia, el pasado 21 de abril del año pasado. Ese día fue publicado en los obituarios de El Mercurio un pequeño texto, firmado “Lucía Hiriart R., viuda de Pinochet y familia”, con sus condolencias por el fallecimiento de Sergio Onofre Jarpa, exministro y fundador de Renovación Nacional.
María Lucía Hiriart Rodríguez fue la hija de una acomodada familia de origen vasco- francés, cuyo padre, el abogado Osvaldo Hiriart Corvalán, había sido ex ministro del Interior y senador del Partido Radical.
Ella, la mayor de cuatro hermanos, nació el 10 de diciembre de 1922 y estudió en un colegio en San Bernardo, localidad donde entonces vivía su familia.
Fue en 1941 cuando conoció a Augusto Pinochet Ugarte, quien por aquella época era un subteniente del Ejército, de 25 años.
El militar pidió su mano en abril de 1942 y se casaron en enero de 1943, pese a recibir la oposición de su familia, debido a que ellos, fundamentalmente su padre, creían que Pinochet, un uniformado de clase media, no estaba “a la altura” de Lucía.
En su matrimonio nacieron sus cinco hijos: Inés Lucía, Augusto Osvaldo, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Marie.
Según historiadores y periodistas, durante el régimen militar, Lucía Hiriart fue una pieza central en el ejercicio del poder, tras la figura de Pinochet. Hasta se llegó a especular que ella habría sido una de los que intercedieron para convencer al fallecido general de participar en el golpe de Estado. También se le atribuye a Hiriart una cercana amistad con el exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), Manuel Contreras, fallecido en 2015.
Como primera dama, asumió la presidencia de la Fundación Cema Chile, institución que fue creada en 1954, durante el segundo gobierno del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, y que terminó cuestionada por las millonarias ventas de propiedades que recibió en forma gratuita desde el Estado.
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