SAN BERNARDO.- El 15 de noviembre de 2021 la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo (Corsaber) firmó un contrato con FIRE Security Protection Service SpA (FISE). La empresa recibiría un pago de $40 millones por hacer un estudio sobre el estado de las techumbres de diez escuelas municipales de la comuna. La iniciativa fue financiada con fondos aportados por la Municipalidad de San Bernardo. El estudio resultante debía servir para que la municipalidad postulará a fondos del Gobierno Regional Metropolitano para arreglar los techos. Pero eso nunca pasó. El informe hasta hoy no se ha usado, aunque se pagó el precio convenido. Los $40 millones fueron desembolsados en dos cuotas, a pesar de que hubo actas e informes internos de la corporación que alertaron que el trabajo estaba incompleto, los que no fueron tomados en cuenta.

La empresa no tenía experiencia en el área, no había prestado servicios a organismos públicos y ni siquiera había emitido facturas desde su creación, en 2018. Pero, todo eso no fue obstáculo para que se le contratara por trato directo, es decir, “a dedo”, sin licitación y sin cotizar con otros oferentes. Los involucrados en el acuerdo, tanto de la corporación municipal como de la empresa FISE, se tenían confianza. El entonces secretario general de la corporación, Gustavo Ruz Muñoz, y el gerente de FISE, Carlos Contreras Toro, integran el Tribunal Supremo del Partido Socialista. De hecho, Gustavo Ruz preside el tribunal del PS, misma colectividad en la que milita el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

Las relaciones entre todos los mencionados no estaban abonadas solo por su pertenencia al PS. Había, además, otras coincidencias. El gerente de FISE, Carlos Contreras, es exfuncionario de la Municipalidad de San Bernardo, donde prestó servicios como fiscalizador de contratos relacionados con “áreas verdes y otros” (según su descripción en los registros de transparencia municipal), hasta marzo de 2021. Su paso por el equipo municipal estuvo marcado por el cuestionamiento al proceso de licitación para el mantenimiento de áreas verdes, que terminó siendo adjudicado vía trato directo, según reveló un reportaje de Chilevisión. En dicha ocasión, el entonces alcalde Leonel Cádiz, también militante del PS y antecesor de White, reconoció que Contreras había sido contratado por recomendación del entonces administrador municipal de San Bernardo, Gonzalo Ruz, el mismo que al año siguiente, como director de la corporación, contrataría a FISE para hacer el estudio de los techos de las escuelas.

La empresa FISE es controlada por el abogado Gonzalo Neira Novoa. Fue creada en mayo de 2018 y tenía como objetivo la compra, venta y distribución de productos de seguridad. En 2020 se amplió al rubro de los áridos, entonces entró como accionista y miembro del directorio el abogado Ignacio Suárez Eytel (DC), ex subsecretario de Justicia del segundo gobierno de Michelle Bachelet. El jefe de gabinete de Suárez en la subsecretaría era Gonzalo Neira, el creador de FISE. Desde octubre de 2022, Suárez se desempeña como director jurídico del Gobierno Regional Metropolitano, dirigido por Claudio Orrego. Al directorio de FISE también se sumó Óscar Stuardo Soto.

Consultado por el contrato con la Corporación de San Bernardo, Ignacio Suárez dijo a CIPER que no tuvo conocimiento: “No fui informado de absolutamente nada de eso. Me estoy enterando”. Él explica que entró por el negocio de áridos que desarrolla la empresa. Según explicó Carlos Contreras a CIPER, FISE compró material en una cantera de Chicureo y lo acopió en un sitio de Quilicura. Suárez dijo que ingresó a FISE con una inversión de $40 millones en maquinaria y que hoy intenta recuperarlos con la venta de sus acciones.

REPRESENTANTE “FANTASMA”

El contrato (vea aquí ese documento) fue firmado por el secretario general de la corporación, Gonzalo Ruz, quien fue nombrado en ese cargo el 7 de julio de 2021, bajo la alcaldía de Christopher White. Por FISE firmó el constructor civil, Carlos Espinosa Rojas, quien había sido nombrado solo 20 días antes como representante de la empresa, según da cuenta el acta de sesión extraordinaria de directorio del 25 de octubre (vea el acta).

Consultado por CIPER, Carlos Espinosa dijo: “Jamás he sido representante de nada, solo hice un trabajo puntual y nada más”. Añadió que “esa fue la única vez que trabajé con ellos y mi contacto fue nulo”. Para conocer más detalles, el constructor civil indicó: “Comuníquese con Carlos Contreras. Él era el contacto. Nosotros solo hicimos el trabajo”.

Desde la empresa aseguraron a CIPER que Espinosa Rojas prestó servicios desde marzo de 2019 hasta junio de 2022 y que durante el último año se dedicó al área de “asesorías profesionales”.

Con sorpresa, los funcionarios de la corporación se enteraron recién en diciembre de 2021 que el exfuncionario de la municipalidad y militante del PS, Carlos Contreras, tenía un alto rol ejecutivo en FISE. Lo supieron cuando Contreras concurrió hasta la corporación para recibir el pago de la primera cuota de los servicios, por $20 millones.

Contreras se sumó a FISE en junio de 2021, unos cinco meses antes de que se firmara el contrato con la corporación. Él dijo a CIPER que no fue parte del proyecto de análisis de techumbres hasta enero de 2022, cuando aparece firmando un contrato a nombre de la compañía con una empresa subcontratada para hacer una parte de los estudios encargados por la corporación. Reconoció que tuvo conocimiento de “tratativas” entre la corporación municipal y la empresa, pero, aseguró que se mantuvo trabajando en el área de áridos: “Precisamente, para evitar toda clase de suspicacias o inconvenientes futuros”.

Desde FISE dijeron a CIPER que la presencia de Carlos Contreras en la empresa y su nombramiento como gerente general -lo que ocurrió el 11 de agosto de 2021, poco antes de que iniciaran las tratativas con el municipio-, “de ninguna manera” representa un conflicto de intereses. “Al momento de la invitación que le realizáramos para integrarse a nuestra empresa, Carlos Contreras era un profesional independiente”, señaló Gonzalo Neira, uno de los dueños de FISE. Agregó que “el objetivo de su incorporación (de Contreras) fue el de reflotar el negocio de áridos”.

INFORMES CRÍTICOS

El primer pago de $20 millones realizado a FISE se concretó apenas 15 días después de firmado el contrato. Esa cuota se canceló a pesar de las observaciones negativas emitidas por el entonces jefe del Departamento de Infraestructura de la corporación, Sebastián Genaro. El supervisor dejó establecido que la empresa había entregado “informes incompletos”, por lo que había antecedentes que faltaban.

La factura del primer pago está fechada el 2 de diciembre de 2021. Aunque ese pago estaba sujeto a la entrega de informes con el 50% del trabajo avanzado, el acta de recepción para cancelar esa cuota inicial dice que ese requisito no se había cumplido (vea ese documento). Pero, aun así, se pagó:

“Se entregan informes incompletos de las escuelas: República de Brasil, Marcela Paz, Alemania, Samoré, Antupillán, Sta. Teresa de los Morros, Hernán Merino Correa y Baldomero Lillo. Quedando pendiente: memoria situación actual, memoria técnica, programa arquitectónico, plan de retiro de escombros, cálculo estructural, elevación y cortes, Gantt, solicitud permiso de obra, certificado de visación técnica de la DOM, en la siguiente entrega debe incluir las escuelas: Valle de Lluta y República de Perú”, escribió Sebastián Genaro.

En marzo de 2022, en un memorandum interno de la corporación para autorizar el segundo pago, se constató que FISE subcontrató a otra empresa y a profesionales sin la autorización de la corporación (vea ese memo). Este nuevo documento fue emitido por Tamara Faúndez, quien había asumido como jefa del Departamento de Infraestructura en reemplazo de Genaro.

El memo de Tamara Faúndez es del 9 de mayo de 2022. En él se advertía que en marzo del año pasado el estudio ya estaba atrasado, que había servicios que no habían sido entregados, como el Plan de Retiro de escombros y asbesto. Desde la empresa dijeron a CIPER que la corporación solicitó servicios que no estaban en el contrato original y que a esos puntos se debían los retrasos o fallas.

En el mismo documento firmado por Tamara Faúndez se advierte que quienes realizaron el trabajo fueron subcontratados, a pesar de que eso requería un permiso expreso de la corporación, el que nunca se dio. “En este proyecto no trabajaron profesionales bajo dependencia o subordinación de FISE Spa, sino que se trató de profesionales independientes que prestaron servicios a nuestra empresa para un proyecto en específico”, confirmó a CIPER el socio de FISE, Gonzalo Neira.

Una de las empresas subcontratadas fue Ingenieros PRO, del ingeniero calculista Gabriel Álvarez, la que realizó tareas como diseño estructural de las techumbres, planos y memorias de las escuelas, e identificación de la presencia de asbesto. El 25 de enero de 2022, FISE firmó un contrato con Ingenieros PRO para realizar un “análisis de techumbres de -10- colegios” de San Bernardo (vea ese contrato).

El contrato consistía en un pago de $7,5 millones, precio que incluía: “Catastro fotográfico, Planos (Cubicación, Plano de planta, Plano de ubicación, Tratamiento por zona y Detalles tipo de reparación de cerchas, forros y cubeta), además incluyó Memoria de cálculo estructural, Memoria contra Incendio y Carta Gantt (Referencial)”, según explicó Gabriel Álvarez a CIPER.

De los $7,5 millones que FISE había acordado pagar a PRO, se cancelaron sólo $5 millones. Álvarez cuenta que le escribió a Gonzalo Neira (el 6 de julio de 2022) y también a la Municipalidad de San Bernardo, pero, asegura que nunca obtuvo respuesta para que se completara el pago

CONVERSACIÓN EN ALTAVOZ

Desde la Corporación de Educación y Salud aseguran que tras el paso del invierno de 2021 se “priorizó el mejoramiento de cubiertas y estructuras de techumbres de colegios y liceos a su cargo”, acelerando los procesos de externalización de catastros. El objetivo era que esa información fuese usada por la Unidad de Proyectos de la Dirección de la Secretaría Comunal de Planificación de la municipalidad (Secpla) para elaborar proyectos y buscar fuentes de financiamiento.

“Sobre la adquisición de estos informes, específicamente con la empresa Fire Protection Security, se aplicó el modelo usual de selección de proveedores que durante años prevaleció en la corporación, sin un marco de procedimientos adecuados y carentes de protocolos internos, que se arrastraba desde la administración anterior. En consecuencia, se ejecutó sin cotizaciones previas, sin licitación, no se generó una orden de compras, etc.; en general, los responsables de cada área solían ser quienes proponían qué empresas contratar, dando curso a sus sugerencias”, explicaron desde la corporación, aunque no señalaron los nombres de las personas que definieron que FISE era la indicada para el trabajo.

Gonzalo Neira, uno de los dueños de FISE, recuerda que en 2021 les “interesaba desarrollar el área de asesorías para obras civiles”. Y, según dijo, “dado que este tipo de levantamientos técnicos son externalizados por los organismos públicos”, se habrían acercado hasta la corporación de San Bernardo para ofrecer sus servicios:

“A mediados del mes de septiembre de 2021 nos contactaron para preguntarnos si podríamos realizar este levantamiento para diez colegios, ya que tenían urgencia de contar con dicha información técnica, dadas las pésimas condiciones de algunas techumbres. Sin embargo, nos ofrecían un presupuesto muy acotado, de $40 millones por todo el trabajo. Aun cuando contamos con un equipo de excelentes profesionales con muchos años de experiencia en el área, nuestra empresa era nueva en el mercado, por lo que, a pesar de lo ajustado del presupuesto, decidimos tomar el desafío”, dijo Neira a CIPER.

Sebastián Genaro, el primer jefe de infraestructura a cargo de revisar el proyecto de techumbres, recuerda que un par de semanas antes de la firma del contrato con FISE recibió un llamado de Gustavo Ruz, entonces secretario general de la corporación, convocándolo a una reunión por otro tema. En ese contexto, dice, escuchó un diálogo entre Ruz y el alcalde White:

“El alcalde llama a Gustavo Ruz y pone el teléfono en altavoz. El alcalde le dice que tiene que contratar a una empresa, que le va a mandar el RUT y nombra a Carlos Contreras, para algún trabajo. (…) En ese momento, el alcalde le envía a Gustavo Ruz el contacto de Carlos Espinosa y me ordenan que yo tengo que contactarme para hacer el supuesto contrato, conversar sobre el contrato y cómo van a hacer el levantamiento, etc.”, dijo Genaro a CIPER.

De acuerdo a la versión del exempleado de la corporación, los representantes de la empresa acordaron los montos y plazos con Gustavo Ruz: “Yo lo único que entregué después, porque me pidieron, fueron los ítems a considerar en el contrato, según lo que Secpla de San Bernardo pedía eventualmente para postularlo al gobierno regional, a algún fondo”.

CIPER consultó directamente al alcalde Christopher White sobre el diálogo descrito por Genaro. La autoridad comunal respondió a través de su jefe de prensa que “no se referirá a una materia que es de exclusivo ámbito de la corporación”. Por otra parte, CIPER intentó tomar contacto con Gustavo Ruz, pero no obtuvimos respuesta. Ruz fue reemplazado, desde el 24 de noviembre de 2022, por Mauricio Muñoz Gutiérrez.

Desde la corporación explicaron a CIPER que “se procedió al pago de las dos facturas emitidas por Fire Protection, toda vez que la inspección técnica inició y solicitó dichos pagos, aunque en la misma instancia observó la calidad de los productos e insumos consignados en el contrato elaborado para tales efectos. Por otro lado, los encargados de autorizar dichos pagos, a su vez, fueron desvinculados. Actualmente, la Corporación no mantiene contrato de servicio con esta empresa ni con sus representantes legales”.

La respuesta enviada a CIPER por la corporación, agrega que hubo una “administración negligente del contrato” y que se desvinculó a los “principales encargados y responsables” de su gestión, aunque no se detallaron los nombres de las personas despedidas (vea la respuesta completa de la corporación).

A pesar de haber identificado esta serie de problemas en la contratación y los servicios prestados por FISE, hasta esta fecha no se han remitido los antecedentes a la Contraloría.

En la plataforma de Mercado Público no hay registro de esta transacción, lo que no constituye una falta, porque el contrato con FISE se firmó en noviembre de 2021 y recién a partir de diciembre de ese año la Contraloría dictaminó que las corporaciones municipales están regidas por la Ley de Compras Públicas. Esto significa que deben hacer licitaciones o búsquedas de ofertas para hacer contrataciones, aunque aún no es obligatorio para todas las corporaciones, ya que está en proceso de implementación en el registro de Mercado Público. Desde el 1 de enero de 2023, por decisión de la actual administración, la corporación municipal de San Bernardo se rige por la Ley de Compras Públicas.