BUIN.- Ante el Tribunal de Garantía de San Bernardo, la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Occidente informó esta mañana su decisión de no reformalizar al alcalde de Buin, Miguel Araya Lobos (UDI), en el marco de una investigación que se inició por una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a partir de una denuncia anónima sobre “funcionarios fantasmas” en el municipio.
Al respecto, el abogado que representa al edil, Juan Carlos Manríquez, explicó a este medio que “la fiscalía decidió separar las investigaciones, razón por la cual, y ante la arremetida del alcalde ante el Tribunal Constitucional y ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, a través de requerimientos de inaplicabilidad contra el trámite del arresto y formalización, y recursos de amparo, esta audiencia de formalización quedó sin efecto”.
“De tal manera, el alcalde (que no tuvo necesidad de presentarse hoy) no será formalizado ni reformalizado, ni por delito de lavado de activos ni por otros que se habían anunciado”, agregó el abogado.
Originalmente el CDE se querelló en contra de Sebastián Salas, un extrabajador a honorarios de la municipalidad de Buin, que en paralelo cumplía labores a jornada completa en una empresa, y su hermana, Amanda Salas, que también se desempeñaba en el municipio. Luego, el Ministerio Público, al formalizar la causa hace ya dos años, la extendió también contra el alcalde.
Contraloría en su momento sancionó al alcalde por haber visado los decretos de pago a Sebastián Salas, pese a que el trabajador no realizaba los trabajos por los que estaba contratado.
Según el documento, además del delito de fraude al fisco en el que habrían incurrido los tres imputados, la autoridad municipal sería formalizada por la responsabilidad que tendría como autor de otros dos delitos en calidad de consumados: enriquecimiento ilícito y lavado de activos, indicando como fecha de comisión de esos presuntos ilícitos los años 2017, 2018 y 2019.
