SAN BERNARDO.- Una orden de embargo pesa sobre al menos tres sedes de juntas de vecinos por una deuda laboral de la que el municipio de San Bernardo es solidario y que supera los 3 mil millones de pesos.
El origen del problema está en 25 demandas laborales presentadas por 315 guardias de seguridad de una empresa que fue desvinculada por el municipio en 2022 y donde cada acción judicial podría traducirse en el embargo de una propiedad distinta y su posterior remate con el fin de saldar la deuda. Hablamos de una veintena de bienes raíces municipales en riesgo. Además, la deuda se incrementa en unos $35 millones cada mes.
A principios de mes, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo aprobó la publicación de las bases de remate de una de las sedes, la de El Rompimiento N°16330, que ya tiene fecha tentativa: el 13 de junio de 2025, a las 12:00 horas. En la municipalidad aseguran que agotarán todas las instancias legales antes de pagar, pero desde la otra vereda, vecinos y ediles critican la “pasividad” de la entidad.
El año pasado se emitió una orden de arresto contra White por esta causa, la cual se paralizó luego de que el alcalde emitiera un decreto para el pago de $107 millones.
A principios de agosto de 2022, durante la primera administración del reelecto alcalde Christopher White, los guardias de la empresa Miva S.P.A. se autodespidieron acusando falta de pago de cotizaciones de marzo a julio de 2022 y diferencias en gratificaciones y sueldos.
Según explicó el abogado de los guardias al medio El Líbero, Rodrigo Campos, “todas las acciones legales resultaron en condenas para la municipalidad, bajo la figura de responsabilidad solidaria y subsidiaria”, lo que significa que, en última instancia, es el municipio el que debe pagar lo adeudado a los trabajadores. Campos aclara que Miva no quebró, sino que simplemente dejó de pagar las cotizaciones, lo que, en su opinión, constituye apropiación indebida.
El abogado apunta a que la municipalidad no fiscalizó esta situación durante meses, permitiendo que la deuda se acumulara hasta superar los $3 mil millones.
Cada mes que pasa, calcula, la deuda para la municipalidad se incrementa en unos $35 millones, pues la «Ley Bustos», genera un sueldo mensual adicional por cada trabajador afectado hasta que las cotizaciones no pagadas sean regularizadas. Por eso, le extraña que San Bernardo no haya intentado llegar a un acuerdo antes.
“Nosotros tratamos de llegar a acuerdos en estos juicios en varias ocasiones, incluso cuando la deuda era considerablemente menor, cuando era de $500 millones, (dijeron) ‘no’, cuando era de $1.000 millones (dijeron) ‘no’, cuando eran $2.000 millones, tampoco. ¿Cuándo vamos a conversar? ¿Cuando lleguemos a los $5 mil millones? De hecho los abogados de la municipalidad tenían la instrucción de dilatar y no solucionar. Usan esta estrategia de pequeños incidentes para ganar dos o tres meses, pero esos meses significan $250 millones más. Me lo dijeron los abogados que en su momento los defendieron: tenían instrucciones de dilatarlo, patearlo”, completó.
Dado ese escenario, “nosotros vamos a seguir embargando, o sea, vamos a llegar cuando menos a 20 embargos, porque la municipalidad tampoco viene a pagar. Entonces, la única forma de presionarla, o sea, más que presionarla, (la única manera) de cobrar, es simplemente embargar y rematar”.
La municipalidad tiene otra versión. Consultada por este medio, recalcaron que la demanda no responde a incumplimientos propios, sino por «graves faltas de la empresa Miva con sus trabajadores». Según la casa comunal, ellos intentaron “llegar a acuerdo en las distintas causas con los abogados demandantes, con sumas que eran bastante importantes, pero los abogados de la otra parte rechazaron nuestra oferta. Esto es público, consta en la audiencia de cada juicio, hubo voluntad de conciliación por nuestra parte, pero aún así la propuesta no fue aceptada por el abogado de los trabajadores”.
La empresa, además, había dejado una boleta de garantía que los vecinos se preguntan por qué no se usó para saldar al menos gran parte de la deuda al principio. Según Campos, la municipalidad inició una demanda para cobrar esa garantía, pero la dejó abandonada. La municipalidad, en cambio, dice que la boleta “no se judicializó, ya que en ese momento no fue un mecanismo para faltas laborales, sino para compensar y activar el servicio que la empresa dejó de prestar ante sus reiterados incumplimientos. Eso, de todas formas, está siendo sumariado”.
ALCALDE DE SAN BERNARDO: “YO NO ME ESCANDALIZARÍA”
El asunto de la millonaria deuda, los embargos y el remate, lo puso sobre la mesa la concejala Mariela Araya (UDI) durante la hora de incidentes y quien le respondió fue el director jurídico, Álvaro González, quien aseguró que “la municipalidad se ha defendido” y pidió poner paños fríos porque el remate de la sede social de El Rompimiento de la Villa Manuel Magallanes “no está ejecutoriada”, se interpuso un recurso de reposición y además están estudiando recurrir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la pertinencia de que la municipalidad deba responder ante estos casos.
Luego el alcalde White agregó que las demandas corresponden a “deudas millonarias porque son procesos históricos (…) vamos a tratar por todos los medios de resguardar el patrimonio municipal y para eso hay una estrategia jurídica de defender hasta el último momento, hasta donde podamos (…) pero concejala, en una ciudad de 35.000 habitantes en 155 km² y donde existen probablemente los bolsones de pobreza más grande de Chile, obvio que van a haber problemas de este tipo y otros más. Por lo tanto no me escandalizaría de los distintos problemas que existen. Hay problemas y hay que enfrentarlos».
«El director jurídico ha propuesto un mecanismo. Nosotros veremos de qué manera podemos, de acuerdo a nuestras posibilidades financieras, ir haciéndonos cargo de la deuda heredada que, vuelvo a decir, subsidiariamente nos tenemos que hacer cargo. Y lo vamos a hacer en forma y fondo de acuerdo a nuestras posibilidades. Yo no quiero bajarle el perfil a la situación”, agregó el edil.
Sin embargo, su intervención generó todo lo contrario pues Araya le recordó que “este contrato usted lo finalizó cuando llegó, y en ese tiempo esta deuda era mucho menor, todos los sabemos. ¿Cuántos jurídicos salieron de aquí por no haber realizado acciones y ahora estamos en no sé cuántos millones? (…). La negligencia fue suya, de su administración, porque dejó pasar los años, la deuda se acumuló y ahora es impagable, así que no diga ‘deuda heredada’ porque estamos en el 2025. Usted era el alcalde”.
White respondió que no haría “un punto político” de la situación, que aún existen instancias donde apelar y luego abandonó la sesión, algo que los ediles comentaron que se viene repitiendo cada vez que hay hora de incidentes.
Luego la concejala Karina Leyton (PS), se quejó de que la Dirección Jurídica no ha respondido a un oficio que envió sobre el tema en abril e hizo ver que la situación “atenta contra el desarrollo comunitario de una villa. No estamos hablando de espacios muertos, estamos hablando de sedes sociales que permiten a una comunidad poder desarrollarse. Hablamos de la (villa) Manuel Magallanes o de los embargos como si esto no afectara a personas que tienen rostro y que tienen nombre. A familias completas dentro de un sector de San Bernardo”.
“¿Cómo llegamos a esto?”, preguntó retóricamente la concejala María José Núñez (Rep).
Tanto el director jurídico como el administrador municipal, Jorge Fontecilla, pidieron no tratar detalles del caso ni la estrategia jurídica en instancias públicas.
DIRIGENTE ACUSA MENTIRAS Y “FALTA DE RESPETO”
Las tres sedes sociales embargadas pertenecen a la villa Manuel Magallanes, y la que saldrá a remate de no prosperar las acciones judiciales de la municipalidad, fue entregada en comodato a la junta de vecinos hasta 2028, por lo que su presidente, Tomás Terán, considera todo lo ocurrido como “una falta de respeto”, especialmente porque acusa que ha habido “nula información” desde la alcaldía hacia ellos.
“Nos sentimos pasados a llevar”, dijo en en el polémico concejo, donde aseguró que el director jurídico le comunicó en febrero que se buscaría la forma de pagar o de llegar a una forma de convenio en marzo, de modo de no llegar a poner en riesgo las sedes de las juntas de vecinos.
Sin embargo, el funcionario dijo que “este director jurídico no compromete pagos” y aseguró que hubo dirigentes vecinales que no quisieron juntarse con él y que en ese sentido “no podemos actuar preventivamente con la comunidad”.
Ahí Terán se indignó: “Pareciera ser una buena estrategia dejar de mentiroso al dirigente. Yo no vengo a mentir. Yo soy el representante legal de una junta de vecinos, parece que no se le toma el peso por las autoridades municipales”, dijo, e insistió en que el director jurídico se comprometió con él a hacer un pago en marzo.
Minutos antes, el dirigente leyó un comunicado donde llamó al municipio a «pagar o en su defecto realizar un convenio pago» para detener el remate del 13 de junio, argumentando que esto sienta un «pésimo precedente».
El comunicado también exigió el «cese de funciones inmediatas del administrador municipal» por llevar una «mala y deficiente administración» y un «evidente abandono de deberes». Solicitaron transparencia total en el proceso y destacaron que las sedes fueron construidas con dineros relacionados a los subsidios de los vecinos, no municipales.
CONTRALORÍA: LOS OTROS CUESTIONAMIENTOS A WHITE
Hace un año la Contraloría General de la República emitió un lapidario informe sobre la gestión de White.
El ente fiscalizador encontró diferencias de $91 millones en ingresos y egresos de la Corporación de Educación, la utilización de la Subvención Escolar Preferencial para una actividad con dinosaurios animatronic y un déficit de $3 mil millones por compromisos pactados con organizaciones sindicales.
Anteriormente, en 2023, Contraloría ordenó a White terminar el contrato que la Municipalidad de San Bernardo firmó con la empresa de asesorías financieras Gestión Global, investigada en la Región de Ñuble por un escándalo de corrupción, pues por medio de operadores políticos habría accedido a licitaciones en 19 municipalidades.
Fuente: El Líbero.
