SAN BERNARDO.- Concejales y un diputado de oposición presentarán un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de la Región Metropolitana para solicitar la destitución del alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), acusándolo de notable abandono de deberes, irregularidades financieras y graves infracciones al principio de probidad administrativa.
Se trata de una acción presentada por los concejales Juan Francisco Rivera (Republicanos), Carolina Fuentealba (Republicanos), María Jesús Núñez (Republicanos) y Mariela Araya (UDI). A ellos se suma el diputado del Partido Republicano por el Distrito 14, Juan Irrarázaval.
Según un comunicado, la acción cuenta con el apoyo de más de un tercio del Concejo Municipal. Los ediles y el parlamentario acusan una serie de omisiones y actuaciones reiteradas por parte de White, jefe comunal y presidente de la Corporación Municipal de Educación y Salud.
Asimismo, los firmantes del requerimiento denuncian un presunto grave perjuicio patrimonial al municipio y la vulneración de deberes legales esenciales del cargo.
La acción también apunta al no pago íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales de los funcionarios de la Corporación Municipal de Educación y Salud (CORSABER), cuya deuda ascendería a $1.900 millones, además de intereses, multas y juicios en curso.
Igualmente, acusan la suscripción de convenios y contratos colectivos durante 2022 sin respaldo presupuestario suficiente, lo que habría generado un déficit superior a $3.400 millones, según lo constatado presuntamente por la Contraloría General de la República.
Los ediles de oposición denuncian al alcalde White por una gestión negligente que provocó el embargo de bienes municipales como consecuencia de juicios laborales, así como por omitir la entrega de información y rendiciones de cuentas exigidas por la ley.
Por último, señalan el presunto uso indebido de recursos de la Subvención Escolar Preferencial, deficiencias en la supervisión de fondos educativos y la omisión de los requerimientos establecidos para la cuenta pública anual.
El concejal Rivera sostuvo que el jefe comunal “ha cruzado todos los límites de la irresponsabilidad”.
Rivera aseveró que no se trata solo de “errores administrativos”, sino que es “un abandono total de la función pública y del compromiso con los vecinos“. A raíz de esto, afirmó que hay una “profunda crisis de gestión que atraviesa” la administración de White.
Por su parte, Mariela Araya dijo que el alcalde de San Bernardo “generó millonarias deudas con los profesores y asistentes de la educación” en la comuna, mediante la firma de “convenios colectivos de manera negligente y, a sabiendas, impagables”.
Mientras que el diputado Irrarázaval calificó los detalles del requerimiento como “de la máxima gravedad” y afirmó que “no se puede permitir que se vulneren los principios de probidad y responsabilidad fiscal”.
Una vez presentado el requerimiento, el TER revisará los antecedentes y responderá a lo acusado por los concejales y el diputado. Esto podría derivar en la destitución de White si así lo estima, además de posibles sanciones conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
De acuerdo con la Ley de Municipalidades, un requerimiento de este tipo debe ser ingresado por al menos un tercio de los concejales en ejercicio. En este caso, lo suscriben cuatro de los 10 ediles que integran el concejo.
En el requerimiento de 83 páginas afirman que los incumplimientos se verifican en diversos antecedentes como la auditoría realizada por la Contraloría, la auditoría externa realizada por la empresa Keystone Rojo y Asociados Ltda., los juicios seguidos en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, las órdenes de embargo decretadas por los tribunales en bienes municipales, los informes proporcionados por la Dirección de Control de la Municipalidad de San Bernardo.
Las infracciones, en términos generales, según los concejales corresponderían a «vulneraciones a las normas de probidad administrativa por incumplimiento del deber de supervigilancia inherente a su cargo». De acuerdo a los requirentes, bajo la administración del militante socialista ha existido un «patrón sistemático de negligencia y vulneración de deberes legales esenciales».
Los concejales advierten que han existido vulneraciones a la Ley de Subvención Escolar Preferencial, específicamente por uso indebido de recursos del Programa de Integración Escolar (PIE) para fines distintos a los establecidos legalmente. También incumplimientos a la ley sobre Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, a propósito de traspasos irregulares de recursos entre nueve cuentas corrientes exclusivas.
Fuente: La Tercera
