REGIONAL.- Los ediles de las 18 comunas rurales de la Asociación de Municipalidades Rurales (AMUR), entre ellas Buin, Paine y Calera de Tango, junto al gobernador Claudio Orrego, advirtieron que la actual restricción del Fondo de Apoyo Regional impide financiar necesidades esenciales como seguridad, salud, agua potable rural e infraestructura local.
Piden al Ejecutivo y al Parlamento aprobar una glosa que recupere el espíritu original del FAR y permita una inversión “amplia, flexible y equitativa” para los territorios rurales de la RM.
La preocupación de las comunas rurales se origina desde la última modificación legal al Fondo de Apoyo Regional (FAR), que quedó destinado exclusivamente a proyectos de transporte, limitando la inversión en áreas esenciales para los territorios rurales.
En una declaración conjunta, sostuvieron que esta limitación impide financiar iniciativas históricamente cubiertas por el FAR, tales como seguridad, iluminación, agua potable rural, salud primaria, veredas, equipamientos comunitarios y proyectos de desarrollo local.
Los alcaldes y alcaldesas realizaron un llamado directo al Gobierno y al Congreso para aprobar una glosa que permita restituir la flexibilidad del fondo.
“No pedimos privilegios; pedimos equidad territorial. Sin esta corrección, miles de familias quedarán sin acceso a proyectos de seguridad, salud, infraestructura local y cohesión social. Más allá de nuestras diferencias políticas, coincidimos plenamente en que nuestras comunidades no pueden esperar”, agregaron.
Por su parte, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, respaldó la postura de los alcaldes rurales y explicó que la restricción impuesta por la Ley 21.692 genera un impacto desproporcionado en la Región Metropolitana, donde las comunas rurales representan solo el 14% de la población, pero el actual FAR obliga a destinar el 30% del presupuesto solo a transporte.
Añadió que la Dirección de Presupuestos (Dipres) autorizó recientemente una norma transitoria para imputar al FAR inversiones que actualmente se financian en áreas distintas al transporte, lo que demuestra, según señaló, la inconsistencia de la política actual.
“Desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, los 18 alcaldes rurales y todo el gobierno regional estamos en la misma postura. No hay un solo argumento técnico o político para mantener esta restricción. Solo pedimos que el Gobierno escuche a una región a la que se le está aplicando una norma con efectos muy negativos e injustos”, opinó.
En tanto, Rodrigo Contreras, presidente de la Asociación de Municipalidades Rurales (AMUR), reforzó la necesidad de recuperar la flexibilidad del FAR para que los territorios rurales puedan enfrentar sus múltiples rezagos.
“No existe otra manera de poder generar igualdad y equidad territorial con la ruralidad en nuestra región sino a través de la utilización de estos fondos como se ha hecho históricamente”, declaró.
