REGIONAL.- El alcalde de Buin, Miguel Araya, quien estuvo presente en el desayuno con vecinos del recién electro Presidente de la República, José Antonio Kast es investigado por delitos de corrupción desde 2017 cuando la Fiscalía Occidente inicio una pesquisa por una denuncia anónima de contratación de funcionarios “fantasmas” al interior de la municipalidad.
La PDI estableció que se pagaron más de $10 millones por trabajos que nunca se efectuaron. Incluso, interrogaron al alcalde Araya, quien descartó estar involucrado. Sin embargo, la investigación continuó y el CDE decidió presentar una querella contra el jefe comunal en marzo de 2024. Esto, luego de que se revisaran las cuentas corrientes de Araya, en las cuales detectaron depósitos de los mismos funcionarios “fantasmas” investigados.
“Mediante la revisión preliminar de la información bancaria del imputado Miguel Araya Lobos, proporcionada por los bancos Estado, BCI, Chile, Santander y Falabella, se determinó que registra entre los años 2017 y 2018, un total de 43 depósitos de dinero en efectivo los que totalizan la suma de $96.331.121“, se lee en la acción judicial del Consejo de Defensa del Estado.
Así, la querella sostiene que a “la revisión de las boletas disponibles, se advirtieron como depositantes, nombres y apellidos asociados a personal de la Municipalidad de Buin“.
Por estos antecedentes, el Ministerio Público decidió abrir un causa propia para el jefe comuna bajo los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que se encuentra vigente y en la unidad de Alta Complejidad.
Este medio intentó contactarse con el alcalde Araya, pero no fue posible. Desde la municipalidad indicaron que no pueden responder por casos que están en plena investigación.
MINERA PRESENTA QUERELLA
La situación judicial del alcalde Araya no mejoró, pues el 3 de diciembre pasado la minera Doña Rufina presentó una querella contra el edil gremialista por el delito de cohecho. La compañía, mediante Carlos Fuenzalida-gerente general de la firma-, acusó que tanto Araya como el director de obras Alejandro Ibacache han recibido, supuestamente, pagos para desfavorecer el funcionamiento de la empresa que la tiene en estado de “quiebra”.
“Ha ejecutado una serie de actos, cuyo objeto ha sido única y exclusivamente entorpecer, paralizar y derechamente privar a Doña Rufina de desarrollar su actividad económica legítima, motivado por el pago reiterado de dineros“, detalló la acción judicial, que fue declarada admisible por el Juzgado de San Bernardo.
Según Doña Rufina, estos supuestas maniobras tienen hoy a la minera en una mala posición financiera, pues se “enfrenta ante un ente tremendamente poderoso que ha amenazado e intimidado a sus pocos clientes” por el solo hecho de no haber accedido a pagar “un peso por favores del señor alcalde”.
En el Partido Republicano aseguraron que no estaban al tanto de la situación del alcalde y recalcaron que su participación en la actividad de esta mañana se debió a que es el edil de la comuna en que previamente el equipo de José Antonio Kast decidió organizar la actividad en ese lugar, cuya autoridad es miembro de la coalición Chile Vamos.
Fuente: The Clinic
