SAN BERNARDO.- Un nuevoescenario político-judicial se abrió esta semana tras confirmarse que la defensa del excarabinero Patricio Maturana, condenado por las lesiones que dejaron ciega a la actual senadora Fabiola Campillai, ingresó formalmente una solicitud de indulto particular ante el Ministerio de Justicia.
El requerimiento, presentado por la abogada Nubia Vivanco, busca que el Ejecutivo extinga la responsabilidad penal del exuniformado, quien cumple condena por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.
La ofensiva legal de la defensa se concretó el pasado 12 de marzo, coincidiendo con un revés judicial para la senadora Campillai. Ese mismo día, el Juzgado de Garantía de San Bernardo rechazó una acción que buscaba revocar el beneficio de salida dominical que Gendarmería otorgó a Maturana.
Con este espaldarazo de los tribunales, que validaron que el beneficio penitenciario se ajusta a derecho, la abogada Vivanco decidió avanzar con la petición de indulto, la cual ya se encuentra en manos de la División de Reinserción Social para su análisis técnico.
La solicitud pone a prueba la doctrina del Gobierno de Kast, que ha manifestado públicamente su intención de revisar «caso a caso» las condenas de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden vinculadas al estallido social. Actualmente, existen al menos 14 exefectivos cumpliendo sentencias ratificadas por la Corte Suprema por delitos como tortura y apremios ilegítimos, y el mandatario ha señalado con anterioridad que estos procesos deben considerar el contexto crítico en el que se desempeñaron los uniformados durante la crisis de 2019.
Mientras el Ministerio de Justicia evalúa los antecedentes, Patricio Maturana continúa cumpliendo su régimen de salida dominical desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, beneficio que comenzó a ejecutar en febrero pasado. La resolución final sobre el indulto queda ahora en la esfera de las facultades exclusivas del Presidente, en lo que se anticipa será una decisión con profundas repercusiones en la agenda de derechos humanos y seguridad del país.
Foto: Agencia UNO.
