SAN BERNARDO.- El Tribunal Ambiental recogió el reclamo que hicieron vecinos de San Bernardo y El Bosque en contra de la planta de hormigón que se quiere instalar cerca del límite de ambas comunas. Según Surimana Pérez, vocera de la Coordinadora Ambiental El Bosque – San Bernardo, la primera etapa del proceso se cumplió, considerando las complicaciones que podrían haber tenido en esta instancia.
La vocera enfatizó que no fue un proceso fácil, ya que fueron rígidos con los plazos y la documentación para presentar la solicitud. “Cada caso debía estar firmado por cada vecino que estuviera de acuerdo con el reclamo, además de adjuntar una copia de su cédula de identidad”, señaló.
Por su parte, los abogados solicitaron en el escrito una medida cautelar para que la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto quede transitoriamente sin efecto hasta que se resuelva el juicio. Conjuntamente, el tribunal abrió un cuaderno de incidente y emplazó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para que respondiera a la solicitud.
“El SEA no hizo bien su trabajo, no evaluó de forma correcta el proyecto y tampoco consideró las nueve mil observaciones que hizo la comunidad. Ellos respondieron con la misma información que presentó el empresariado, haciendo una evaluación con criterios economicistas y no ambientales”, declaró Pérez, acusando que el organismo público no actuó de manera imparcial.
En cuanto al rol de los municipios involucrados en el caso (San Bernardo y El Bosque), los reclamos presentados por ambas municipalidades fueron declarados admisibles. Esto busca visibilizar las demandas y observaciones de los vecinos, quienes no han sido escuchados por parte de la empresa ni el SEA. Desde la municipalidad de El Bosque, comuna en donde se pretende instalar la planta, exigen garantías en materia de salud, agua, impacto vial y medio ambiente.
Precisamente en materia ambiental, la empresa busca descontaminar el sector con barridos nocturnos, algo que a la coordinadora no le es suficiente. Además, no se presentó información actualizada de la Ley de Convivencia Vial. “Ellos dicen que no va a haber mayor impacto, pero la calle Ochagavía está deteriorada y tenemos atochamientos constantemente”, dijo la vocera.
Ante la pregunta de qué se viene ahora en lo judicial, Surimana Pérez aclaró que, primero que todo, están a la espera de si el tribunal recoge o no la medida cautelar presentada por los abogados. “Tenemos claro que, ante cualquier fallo, tanto a favor para ellos como para nosotros, se recurrirá a la Corte Suprema, por lo que será un proceso largo”, concluyó Pérez, quien agregó que el Tribunal Ambiental puede llegar a demorar ocho meses en dar su veredicto.
Norman Grogg
