SAN BERNARDO.- A petición de la Junta de Vigilancia primera sección y de canalistas se llevó a cabo la participación ciudadana por proceso de tramitación de nuevo proyecto que busca instalarse en la cuenca y que podría afectar la infraestructura para el riego de 35 mil hectáreas de cultivos.

La preocupación que existe en los distintos usuarios de agua del Río Maipo por un nuevo proyecto de extracción de áridos que pretende instalarse en la ribera, específicamente en San Bernardo; motivó que la Junta de Vigilancia primera sección y diversos Canalistas de la zona solicitaran al Servicio de Evaluación Ambiental la realización de un proceso de participación ciudadana, que culminó este 9 de junio con la entrega de las observaciones al proyecto.

“Fue una instancia importante porque pudimos encontrarnos con el titular del proyecto y plantearle desde la perspectiva práctica, los efectos que su proyecto puede tener sobre los usuarios del río y que no se circunscriben sólo a un análisis teórico en el marco que define una ley general, que no recoge las particularidades de lo que ocurre en el río actualmente” indicó José Manuel Córdova, gerente técnico de la Junta de Vigilancia.

Señaló que la complejidad de todos estos procesos radica en que “se estaría analizando un proyecto desconectado de las otras actividades similares que operan hoy en el río; y eso es grave, porque si no se analiza de manera integral, se obtienen resultados erróneos en cuanto al impacto que generan”; especialmente en lo relativo a “la degradación del lecho que se deriva del desequilibro sedimentológico que afecta al río, pues este balance ya está alterado. Se trata de un río enfermo que tendrá una actividad adicional, lo que puede perfectamente empeorar el escenario”.

Córdova detalló que esto “puede tener como consecuencia limitar, e incluso en algunos casos impedir, el acceso al agua de algunos usuarios que pudiesen ver afectadas las obras con las que ellos captan el agua. Desde el punto de infraestructura pública, no es menor el impacto que tiene sobre la estabilidad de los puentes carreteros sobre el río Maipo y cuyas fundaciones se ven afectadas por la degradación del lecho”.

Lo que fue ratificado por Rafael León, administrador general de la Asociación de Canalistas del Río Maipo, uno de los usuarios que se ve fuertemente afectado por la actividad de extracción de áridos. “Si se afectan la forma de operar, es decir, que no se pueda captar las aguas porque la bocatoma empieza a quedar a gran altura, se afectan miles de hectáreas de riego y es gravísimo para una zona que es productora de alimentos para la Región Metropolitana y una zona que es muy fuerte para la exportación. No se trata solo del concepto de riego, aquí se afecta la producción de alimentos para toda la región”.

Según los análisis hechos por la Junta de Vigilancia del Río Maipo Primera Sección, existen al menos tres infraestructuras de captación de aguas (bocatomas) en las cercanías del proyecto en cuestión, que de verse afectadas pondría en riesgo el riego de 35 mil hectáreas de cultivos en la Región Metropolitana. Se trata de la toma del canal Lonquén-Isla, ubicada a 300 metros aguas abajo; mientras que aguas arriba, el riesgo sería para las bocatomas de la Asociación de Canalistas Canales Unidos de Buin y de Clarillo, que sirve a las Asociaciones de Canalistas Canales de Maipo y Huidobro.

“Esperamos medidas de mitigación”

El proyecto “Continuidad Operacional Extracción de Áridos Km 6,5 a Km 8 Ribera Norte Río Maipo” ingresó a trámite el 27 de enero de 2023 y consiste en el aumento de vida útil del proyecto anterior, cuya materia prima se destina a la industria del hormigón premezclado.

Este tipo de actividades se ha hecho habitual en el lecho del río y es lo que ha provocado graves consecuencias, según indican los usuarios del agua de esta cuenca. Por lo mismo, “la sobreexplotación de este tipo de proyectos tiene efectos negativos, que pueden verse menores en forma individual, pero que en definitiva son sumatorios y generan un perjuicio tanto a la infraestructura privada como pública” indicó León.

En la misma línea, Córdova opina que “idealmente se debería modificar la manera en que se evalúan estos proyectos; no verlos como actividades individuales, sino que evaluar su efecto sumativo en un contexto donde ya existen otros proyectos operando o donde hay un daño base, pues por muy pequeña que pudiera ser la nueva actividad, su efecto se tiene que analizar en un contexto general”.

Respecto de las expectativas sobre este proceso de participación ciudadana, indica que espera que “se incorporen las medidas de mitigación para evitar que se produzcan los daños que nosotros prevemos se podrían ocasionarse”, mientras que León detalla que lo ideal sería que “las cosas se hagan bien, más fiscalización, control y mitigación de estos proyectos, para no seguir aumentando estos problemas y que puedan ser sustentables en el tiempo. Ellos están actuando dentro de la normativa, nosotros no los vamos a detener, lo que queremos es que se hagan en forma correcta.”