BUIN.- En entrevista con El Amanecer de Lo Herrera, el alcalde de Buin, Miguel Araya, se refirió a la denuncia del concejal Diego Calderón, quien llegó hasta el Ministerio Público para informar que directivos de la Corporación de Desarrollo Social de la comuna, incluida su secretaria general, Miguelina Espinoza, habrían incurrido en una práctica de despido y recontratación inmediata.
Los involucrados habrían percibido, en conjunto, cerca de $144 millones en pagos por indemnizaciones sin que existiera una real interrupción de sus funciones.
“Me entero de la denuncia cuando andaba en el norte de vacaciones, las que suspendo para regresar a Buin. Converso con algunos integrantes del directorio y tomo la primera instrucción para juntarme nuevamente con ellos y que expongan toda la situación”, dijo Araya a este medio.
En cuanto al resto del directorio, el edil precisó que “están igual de sorprendidos con la denuncia que yo. Ahora bien, cuando nos reunimos vemos números, balances y pagos, y no hilamos tan fino en lo administrativo. Vemos los números gruesos”.
“cuando nos reunimos vemos números, balances y pagos, y no hilamos tan fino en lo administrativo. Vemos los números gruesos”
CONCEJAL FUERA DE SUS FUNCIONES
El alcalde Miguel Araya, quien ya pidió un informe en un plazo de 15 días para recabar toda la información, precisó que “el concejal Calderón está fiscalizando fuera de sus facultades porque esta es una corporación de derecho privado, pero si no doy respuesta dirán que estamos ocultando algo. Es decir, los concejales pueden fiscalizar todas las platas de las subvenciones que nosotros, de fondos municipales, podemos traspasar para allá (la corporación). Esas son sus facultades. Aquí escapa a esa facultad porque si se pagaron o no los finiquitos no es con plata de la subvención”.
“el concejal está fiscalizando fuera de sus facultades porque esta es una corporación de derecho privado”
“Pude haber dicho no les corresponde fiscalizar, pararme e irme, pero en haras de la transparencia y tranquilidad que uno siempre tiene que darle a la ciudadanía, se hizo el concejo, donde el concejal hizo una denuncia al Ministerio Público y nos vamos a poner a su disposición. Voy a esperar lo que diga la justicia y vamos a tomar como directorio todas las medidas que sean necesarias”, agregó Araya.
“La primera medida que tomé está en un memorandum nº1 que se leyó en concejo, y que en lo medular es pedir un informe dentro de 15 días, informar al directorio y ver qué medidas adoptará luego. Es decir, saber si hay sanciones o suspensiones, pérdida de confianza, etc”.
Respecto de si conversó o no esta situación con Miguelina Espinoza, secretaria general de la Corporación de Desarrollo Social de Buin y una de las principales denunciadas, la autoridad comuna comentó que «tomé contacto con ella y está tan sorprendida como yo”.
“Voy a esperar lo que diga la justicia y vamos a tomar como directorio todas las medidas que sean necesarias”
DENUNCIA
En la acción penal presentada ante la Fiscalía Local de San Bernardo, el concejal Calderón denunció a quienes resulten responsables por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.
Indicó que, desde al menos enero, tanto el alcalde como el administrador de la corporación municipal le denegaron la información solicitada, postergándola “hasta un eventual pronunciamiento de la Contraloría“.
No fue hasta el 9 de abril que el concejal tuvo acceso a las copias de los finquitos de seis directivos de la Corporación de Desarrollo Social, los cuales -según la denuncia- “evidencian un patrón reiterado y uniforme de término de contrato sin interrupción real de funciones, con pago de cuantiosas indemnizaciones“.
En el caso de la secretaria general Miguelina Espinoza, la denuncia detalla tres finiquitos que superan los $51 millones. Por su parte, otro directivo registra más de $34 millones en finiquitos y $13 millones adicionales por emisión de boletas de honorarios. Respecto a los otros cuatro directivos restantes, los montos por concepto de término de contrato ascienden a $18 millones, $16 millones, $12 millones y $10 millones, respectivamente.
En total, el monto cuestionado solo por concepto de finiquitos asciende a $143.875.696, cifra que incluye los pagos por boletas de honorarios mencionados.
TODA LA PLANA DIRECTIVA
Con fecha 24 de abril, el alcalde Miguel Araya, ante la luz de los antecedentes, solicita en el oficio nº1 a la misma secretaria general Miguelina Espinoza, que dentro de 15 días hábiles se remitan a la alcaldía la nómina completa de todos los trabajadores y funcionarios, incluida expresamente la plana directiva de la corporación, cuyo vínculo contractual haya sido terminado o finiquitado durante el período comprendido entre el 1º de enero de 2022 y la fecha de recepción de este documento.
También pidió copia autorizada de los finiquitos correspondientes a los trabajadores individualizados en el numeral precedente, con indicación de la causal de término invocada y el desglose pormenorzado de los montos pagados por concepto de indeminzaciones.
Asimismo, se suspende preventivamente el pago de indemnzaciones mientras dure la investigación; deben visarse todos los egresos de dineros mayores y se instruye una auditoria externa extraordinaria.
