El abogado sanbernardino de DD.HH., Miguel Yáñez Lagos, fue destacado en la edición chilena del diario Le Monde Diplomatique con su artículo “Del desplome de la salud pública a una nueva política”. En la columna, el profesional opina que “Chile fue víctima de una grave negligencia que marcó la calidad de vida de todo un pueblo. Ello, porque el 3 de marzo del 2020 fue detectado el primer caso oficial de Covid-19, presentándose el hecho como algo sin mayores complicaciones para el país. Acto seguido el gobierno señaló que era un virus controlable, promoviendo un retorno seguro al trabajo y las aulas de clases. Chile, ese mismo día cayó en coma. Despertamos después de 60 días con 40.000 contagiados, con un gran colapso hospitalario, y con la imperiosa necesidad de recibir rehabilitación, la que, actualmente es negada para las personas más vulnerable”.
En este sentido, el abogado escribe que el párrafo anterior “pone de manifiesto las falencias de nuestro régimen de salud, el cual fue instaurado en dictadura específicamente en 1981, cuando por decreto ley se inventan las instituciones de salud previsional (Isapres), transformado estructuralmente el sistema de salud pública. Dicha metamorfosis implica, en términos sintéticos, la profundización de dos conceptos: la libertad de elección (en cuanto al sistema de salud) y el carácter subsidiario del Estado. Esta alternativa fue mantenida en los gobiernos democráticos, lo que implicó en definitiva la mercantilización de la salud, al igual como se hizo con derechos tan fundamentales como la educación. Uno de los indicadores de esto es que actualmente nuestro país sea el miembro de la OCDE, que menos invierte en salud: del total del PIB, Chile sólo gasta el 3,5% real de su producto, un gasto paupérrimo para lo que recomienda la OMS (alrededor del 6%)”.
Respecto de las posibles soluciones, Yáñez sostiene que “para terminar con este sistema de salud injusto, discriminador y que no cumple con la labor esencial de prevenir, cuidar y proteger, se debe cambiar la esencia de su concepción. No ver la salud ‘como un derecho a elegir un régimen’ sino que estimarla como un derecho humano, donde el Estado cumpla una labor primordial para resguardar y custodiar.
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