Sin ejercicio contable, balance ni conciliaciones bancarias; inexistencia de datos precisos de ingresos y egresos económicos; daño patrimonial de 16.000 millones de pesos, tratos con universidades privadas por campos clínicos sin respaldo alguno, pagos excesivos en horas extras a funcionarios y una querella por daño al patrimonio en contra del encargado de infraestructura Sergio Soto (recibía hasta 100 millones de pesos en ítem gasto por rendir), son las principales conclusiones que arrojó la auditoría a la Corporación de Educación y Salud de San Bernardo (Corsaber).
El informe, a cargo de “BDO Auditores & Consultores”, detalla las serias falencias de la administración entre los años 2015 y 2020, empezando por las cuentas corrientes bancarias de la entidad que, al 31 de agosto de 2020, no se encuentran conciliadas con los registros contables. “Al cierre de cada año y período bajo revisión, la corporación no ha presentado análisis ni detalles que puedan respaldar si los saldos mostrados como activos corresponde a valores que puedan ser recuperados por la entidad; la corporación muestra saldos de obligaciones con instituciones fiscales y proveedores externos, sin un detalle, debidamente respaldado y documentado que sustente, si dichas obligaciones corresponden efectivamente a la totalidad de las obligaciones que posee la corporación”, precisa una conclusión del estudio.
Asimismo, el escrito agrega que en otro punto que “a la fecha de nuestra revisión no nos fueron proporcionados los inventarios valorizados correspondientes a la Farmacia para Todos de los años bajo revisión”. También detalla que la “corporación reserva en algunos períodos saldos de cuentas y rubros de forma distinta a lo que debería ser su naturaleza”.
En cuanto a las responsabilidades individuales en los vicios descritos por la auditoría, el alcalde de San Bernardo Leonel Cádiz informó que “presentamos en la fiscalía de San Bernardo una querella por daño al patrimonio en contra del encargado de infraestructura de la corporación (Sergio Soto), quien recibía fondos a rendir por cifras que llegaban a los 100 millones de pesos y que rendía luego en forma personal. Y revisamos esas rendiciones y tenían que ver con facturación de trabajos en escuelas y jardines infantiles, que simplemente no se hicieron. Ante esta evidencia recurrimos a la fiscalía a poner la denuncia respectiva y hacer justicia”.
DELH
