El 17 de diciembre de 1995, cuando empezaba la jornada laboral en Lo Espejo y toda la Región Metropolitana, se declaraba un incendio en la empresa Mathiesen Molypac, ubicada en calle Lo Sierra 02360. A un gran hongo de humo, visible a kilómetros, le sucedieron una serie de explosiones que mezclaron con el aire urbano esquirlas metálicas y 159 productos tóxicos como parafina clorada, polímeros acrílicos, resina de PVC, polipropileno, dioctyl ftalato, sulfato tribásico de plomo, pentaclorofeno, tribromofenol y etanol. La urgencia ambiental se desataba, carros de bomberos y voluntarios se multiplicaban.
Producto de las explosiones, una funcionaria de la escuela D593, ubicada en las inmediaciones, falleció instantáneamente al recibir un trozo metálico caliente de un cilindro de gas a presión de un contenedor freón. Su sobrina, indican los archivos de prensa, estaba relativamente cerca y sufrió un traumatismo múltiple debido a la onda de choque del impacto.
En ese momento bomberos evidenció la falta de información de los insumos con que trabajaba la usina, de hecho, sólo en el lugar vieron bodegas, galpones y oficinas con patios atiborrados con tambores de 200 litros, contenedores de gases de alta presión, tanques de combustibles y vagones tanque de ferrocarriles. Es más, ninguno de esos contenedores individualizaba su contenido y nunca hubo contacto con los directivos de la empresa.
Ahora, ¿hubiese mejorado la respuesta de los voluntarios al tener conocimiento de los productos? ¿Están las empresas obligadas a informar qué elaboran y con qué? ¿Existe la Ley de Secreto Industrial que permite no entregar información? ¿las personas deben saber con qué tipo de vecino comparten día y noche?
SUBIÓ COMO LA ESPUMA
Pues bien, estas preguntas se hicieron carne el pasado lunes 24 de mayo cuando la fábrica de espuma plastica Faval S.A., ubicada en Las Acacias, ardió por segunda vez (la primera fue en 2015). Pérdida total y una serie de productos desconocidos chocaron de golpe con la vista del comandante del cuerpo de Bomberos de San Bernardo, Marcos Echeverría, quien precisó que “una vez en el lugar se nos acercó el prevencionista de riesgo para informarnos los materiales que se encontraban en la ficha de seguridad, entre ellos dos estanques de 10.000 litros de disocianato de tolueno. Afortunadamente, logramos controlar la propagación y que no llegara el fuego a los estanques”.
“Ese día tuvimos diversos problemas con el abastecimiento de agua, por eso llegaron unidades aljibe de otros cuerpos de bomberos para lograr controlar rápidamente el siniestro. Hubo mucha expectación en los vecinos de las villas ‘Artes y Letras’ y ‘Nocedal Uno y Dos’, que se ubican a unos 500 metros del lugar de la emergencia. Sus vecinos reportaron varias explosiones minutos antes de que se informara del incendio”, agregó.
El comandante indicó que en el sector de “Las Acacias” y “Puerta Sur” hay gran cantidad de bodegas con productos químicos, como por ejemplo solventes, que en caso de una emergencia generan complicaciones para su control, especialmente si no se tiene información previa. “Desde el punto vista de la prevención y preparación, no contamos con ninguna herramienta legal que obligue a las empresas a entregarnos información de los materiales que almacenan”, afirmó el oficial, quien cree que la comunidad se encuentra en una especie de tierra de nadie respecto de lo que las empresas hacen y/o tienen en su interior.
TREMENDO SUSTO
En el camino de los “heridos” con los incendios de Faval S.A. están los vecinos del sector “Las Acacias”, reflejados en las villas “Nocedal 2” y “Artes y Letras”. En conversación con este diario comunitario, sus presidentes Sergio Pizarro y Lidia Navarro, respectivamente, narraron cómo conviven con sus incómodos vecinos.
“Cuando hay un incendio recién nos enteramos de lo que se está quemando, qué sustancias explotan y prenden. Sabemos de golpe a que se dedica o que fabrica esa empresa. Temo que un día tengamos que evacuar. Y tengo entendido que la ley no las obliga a decir con qué trabajan, pero la verdad es que la otra vez se quemó una empresa que tenía ácido y no sabíamos. Estamos muy preocupados, sentimos indefensión”, dijo Lidia.
“Las empresas no hacen reuniones con los vecinos, no hay vinculación comunitaria, no se acercan a las personas. Intentamos pedirles cooperación para las ferias navideñas y nada. Desde el incendio en Lo Espejo nunca más se hizo nada, pero ya nos acostumbramos porque las empresas nos dicen que llegaron primero, que ya estaban. Y usted sabe que siempre les dan el amén a las empresas, es una realidad nacional”, explicó.
Y en “Nocedal 2” las preocupaciones son las mismas. “Nuestra villa está en un cordón industrial y la municipalidad no hace fiscalizaciones a las empresas, por lo que este incendio es uno más. No tenemos idea de los productos que usan o qué fabrican. Trabajé en Vulco muchos años y nos fiscalizaban muchas veces, tanto el seremi como el municipio, y me acuerdo de que entregábamos todos los antecedentes, definiéndose que debíamos llevarnos a otro lugar los productos más complicados… los sacábamos de ahí”, detalló Pizarro.
“En el último incendio nos dijeron que podíamos ser evacuados y estábamos en una situación muy difícil. El aire estaba muy ‘pesado’ y los adultos mayores estaban complicados. Entonces, cada vez que vemos humo cerca nos viene un susto tremendo. Llevo 34 años acá y soy dirigente hace 6, y nunca hemos conversado con las empresas. Me sorprende de hecho que tengan patente”, completó.
PATENTES MUNICIPALES
Para solicitar su patente municipal (industrial y no comercial), la directora de Rentas Municipales de San Bernardo, Paola Pérez, precisó que “las empresas no necesariamente requieren patente para todos los giros que poseen, por tanto, de acuerdo con la actividad comercial solicitada, son los requisitos exigidos por la Dirección de Obras en conjunto con el Departamento de Patentes y sólo estará autorizado para ejercer dicho giro”.
“En virtud de lo anterior, de acuerdo con el giro solicitado, a las empresas se les exige Calificación Técnica y el Informe Sanitario. Ambas exigencias legales contemplan una serie de procedimientos establecidos con el propósitos de definir el o los posibles impactos ambientales generados en su entorno por la instalación industrial y el control sobre temas de orden, seguridad y salud ocupacional. Ambas tramites se realizan ante la Seremi de Salud”, agregó.
“Por tanto en relación a lo anterior, es la seremi de Salud la institución competente de llevar un registro de los productos que elaboran y que materiales se encuentran involucrados en dicho proceso los cuales, a través de la Calificación Técnica y el Informe Sanitario, se puede verificar si cumplen con la normativa vigente. Así las cosas, la empresa debe contar con Calificación Técnica e Informe Sanitario aprobados por la seremi de Salud para el giro solicitado, y si cumple con los demás requisitos legales establecidos en el DL 3063 de 1979 sobre Rentas Municipales, se procederá a otorgar la patente municipal correspondiente. Como Dirección de Rentas sólo poseemos el registro de las patentes con los giros autorizados en el sector”, completó.
NO HAY SECRETO
Algunas empresas amparan su silencio en una “Ley de Secreto Industrial” que no existe, siendo real solamente el Decreto Supremo N°43 del 2015 de “Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas” del Ministerio de Salud, que establece que “cualquier empresa que tenga en sus instalaciones o que lleve a cabo procesos, tareas y/o actividades que involucren productos químicos o sustancias peligrosas deben cumplir con una serie de parámetros de seguridad obligatoriamente. Cada empresa y/o fábrica que trabaje con sustancias peligrosas, esta debe contar con una Hoja de Seguridad de Materiales Peligrosos (HDS), esta es la información, escrita o impresa de los peligros y demás información importante acerca de los materiales peligrosos”
Respecto del personal que esté en contacto con materiales y químicos peligrosos, la norma establece que “se debe revisar y tener acceso a las hojas de seguridad en todo momento, sobre lo mismo la institución deberá elaborar y disponer de cartillas de emergencia sobre los diferentes productos utilizados. En esta cartilla deberán estar los números de emergencia y las primeras medidas a tomar en caso de alguna emergencia con dicho producto”.
La ley agrega que “cualquier instalación que trabaje con elementos o sustancias químicas peligrosas, es obligación almacenar cada una de estas conforme a la clase de peligrosidad y legislación que posea, dicho lugar de almacenamiento debe cumplir con los estándares y medidas respectivas para cada elemento y/o sustancia. Esta zona debe estar claramente señalizada con letreros y demarcada con líneas amarillas.
Al respecto, el ingeniero en previsión de riesgo, Pedro Novoa, que “toda empresa debe tener un plan de emergencia actualizado, estableciendo los parámetros que deben haber dentro de cada empresa que trabaje con este tipo de productos. Algunas medidas, por ejemplo, son la contención anti derrame y el personal capacitado e instruido respecto de cada uno de los elementos con los que se trabaje”.
“Realicé un plan de emergencia para una planta química en Coronel, VIII Región, y se lo entregué al personal de bomberos, los invité a la planta. Ellos obtuvieron información importante como los puntos hídricos, los riesgos, cuáles eran los químicos que se almacenaban y cómo ‘atacarlos’”. Y esto no es una obligación, ni está estipulado, pero es una excelente iniciativa y extremadamente necesaria”, declaró.
Equipo de Redacción: Luis Lorca H. / Santiago García S. / Patricio Drago T.
