SAN BERNARDO.- En un hecho que ya se torna habitual, el alcalde de San Bernardo eligió un nuevo martes para anunciar una querella, apuntando los dardos en esta ocasión contra quien en 2020 fuera jefe de finanzas de la Corporación Municipal de Educación y Salud, Mario Andrés Astorga Velásquez, y a quien se le acusa de cometer delito por fraude de subvenciones. Se pide una condena de 5 años presidio menor en su grado mínimo.
Según el escrito legal presentado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, la medida en contra de la pareja de la concejala Mariela Araya (UDI) se sustenta en que “quienes tuvieron a su cargo los procesos de rendición de recursos otorgados a esta Corporación por la ejecución de diversos convenios denominados Programas de Apoyo a la Atención Primaria de Salud (Praps) y Programas de Refuerzo, cuya principal obligación era dar cuenta del correcto uso de estos recursos, no cumplieron con su obligación de rendir cuenta adecuadamente de la ejecución de estos fondos, existiendo diversas inconsistencias en lo declarado y lo que efectivamente acontecía en los hechos, entregando información falsa en las rendiciones de cuentas de los convenios, distinta a los antecedentes respaldatorios que obran en poder de la administración”.
“Hay rendiciones de cuentas cuyos gastos se encuentran devengados y no pagados, indistintamente de si se efectuó o no el retiro del documento asociado al pago, asimismo, se aprecia una acción contumaz de no adjuntar los respectivos medios de verificación asociados a los desembolsos de cada programa, además de destinar recursos en gastos que no tienen coherencia con la finalidad por la cual fueron transferidos conforme a los convenios suscritos”, se detalla en la acción judicial.
“Lo expuesto perjudica gravemente los intereses de la Corsaber porque la expone al eventual reintegro de los fondos públicos en caso de no acreditar el buen uso de ellos y, en caso de no subsanar las observaciones y/o rechazos realizados, la Corporación debe hacer reintegro de dichos saldos a la Tesorería General de La República o a la entidad otorgante, según corresponda”, completa la querella.
Al cierre de esta edición, la concejala Mariela Araya explicó a este medio que prepara una declaración pública, desconociéndose sí incluirá o no la opinión del afectado.
