San Bernardo es la comuna de la Provincia del Maipo que más choques a postes del alumbrado público registra entre enero y noviembre de este año, según el informe entregado esta mañana por la Compañía General de Electricidad. El dato no es menor considerando que en las 13 regiones donde la compañía presta servicio de distribución eléctrica, más de 1.600 interrupciones de suministro eléctrico se debe a este factor.

“Este es un tema que nos preocupa profundamente en CGE, ya que estos accidentes no solamente dejan personas lesionadas, sino que también afectan el desarrollo de las actividades cotidianas y productivas de las ciudades. A esto debemos sumar la complejidad que para muchas familias trae el confinamiento y el trabajo no presencial, donde la disponibilidad de energía eléctrica es esencial para que las personas puedan desarrollar sus actividades”, señaló el gerente general de CGE, Iván Quezada.

Entre enero y noviembre de este año, y pese a que muchas zonas del país han tenido o continúan con confinamientos y restricciones de movimiento producto de la pandemia de Covid19, se han producido 2.634 accidentes de tránsito con afectación de infraestructura eléctrica. De ellos, el 62% ha tenido como consecuencia interrupciones de suministro eléctrico, afectando a clientes residenciales, comercios y pymes.

En la vecina Provincia de la Cordillera, Puente Alto encabeza la “lista negra” con 190 colisiones, seguida por Pirque (15) y San José de Maipo (5).

Entre las regiones con mayor cantidad de eventos -e interrupciones de suministro eléctrico- están la Metropolitana, que a noviembre acumulaba 810 eventos.

DELH

“Duele mucho pensar que ya no estarás con nosotros“Rocky”,  no puedo aceptar que te fuiste, mi cachorro hermoso, por el gran susto del 24 en la noche por los fuegos artificiales”. Esta sentidas palabras pertenecen a la vecina de Lo Herrera Evelyn Fuentealba, quien en su fanpage describió el doloroso momento vivido tras sacrificar a su cachorro raza foxterrier (recomendación del veterinario) por no soportar el daño sufrido por el artificio en Navidad.

El crudo relato completa el triste panorama regional de unas fiestas de fin de año que suman casas siniestradas y niños quemados.  Y la misma sensación de inseguridad que se vive en varias comunas de la Región Metropolitana, se instaló con fuerza en San Bernardo. Es más, la venta ilegal de fuegos artificiales el fin de semana pasado en la feria de Antonio Varas (vereda oriente Estación San Bernardo), a vista y paciencia del público, empeora la situación.

“No hay fiscalización municipal ni regional”, “carabineros brilla por su ausencia” y “la culpa es de quienes compran” fueron algunas de las reacciones generadas por la fotografía publicada por el portal informativo “San Bernardo Opinión”, donde se ve claramente un puesto de venta de pirotecnia bajo un toldo y a plena luz del día.

Venta ilegal de petardos en feria de Antonio Varas. (Foto SBO)

A raíz de la grave situación, la gobernadora de Maipo, María José Puigrredón, quien aclara que vender fuegos artificiales no es delito sino falta, precisó a El Amanecer que “estamos coordinados con carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), quienes preparan fiscalizaciones en el sector céntrico de la comuna y ferias libres. Y cómo esta situación no es delito sino falta, lo que corresponde es decomisar la mercadería y citar a fiscalía a la persona por no respetar la ley de control de armas”.

“Y por eso que, ante esta situación, el Presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley para cambiar la tipificación del uso y venta de fuegos artificiales, y esperamos que salga pronto aprobado por el Congreso”, agregó.

Por su parte, ni la municipalidad de San Bernardo ni el jefe de seguridad, Eduardo Núñez, informa aún a este medio su plan de fiscalización, qué sectores abarcará y hasta cuándo se extenderá.

La familia de una joven de 15 años, quien resultó herida en su rostro en las manifestaciones del martes pasado en la Plaza de Armas, presentó en el Juzgado de Garantía en lo Penal de San Bernardo un querella criminal por delito de lesa humanidad en contra de Carabineros de la 14ª Comisaría de la comuna.

En compañía de los abogados de Derechos Huamanos, Miguel Yáñez y Alamiro Cerda, la mamá de la malograda niña, Yasna Ibáñez, explicó que “mi hija aún está con un shock producto de la situación, ahora no quiere salir a la calle, tiene miedo y está confundida. No sabe si Carabineros está para cuidar a las personas o dañarlas. Queremos justicia, no queremos más Campillay (Fabiola) y Gatica (Gustavo).

Respecto de los hechos, la progenitora agregó que “mi hija me explicó que ese día estaba sentada con su hermana en la municipalidad y vio como una carabinera se baja del auto y dispara en su contra sin mediar provocación. Hoy sigue con sangrados y mareos a raíz del golpe de la bomba lacrimógena”.

Yasna Ibáñez, mamá de niña afectada, junto al abogado Miguel Yáñez.

Al respecto, el abogado Miguel Yáñez precisó que “los hechos sucedieron en la esquina de Arturo Prat con Eyzaguirre, donde se detiene un carro policial que, sin mediar provocación de parte de nuestra representada, es apuntada por una carabinera que percuta su arma y le da en el rostro, hiriéndola gravemente. Esta acción se da en momentos en que en Chile se violan permanentemente derechos humanos y no se respetan las garantías mínimas de manifestación”.

“Queremos que se identifiquen a los responsables, y nosotros tenemos algunos indicios que podrían ayudarnos en este sentido, ya que medios digitales lograron grabar la patente del auto y la persona que disparó. Creemos que esta querella podría tener diligencias más rápidas a diferencia de otros casos de violación de derechos humanos, donde las investigaciones han sido lentas”, agregó Yáñez.

Asimismo, su par Alamiro Cerda comentó que “Carabineros sigue atormentando a la población civil, sigue dañando a la población y aquí tiene responsabilidad el Gobierno central y las autoridades. Carabineros no ha tenido ninguna intención de aclarar ni ayudar a las investigaciones. Es más, ellos están ocultando absolutamente el nombre de su personal que ha participado en los graves delitos que se han cometido”.