Bajo el título “Crece uso (y abuso) del trato directo en municipios”, el diario digital Ciperchile.cl publicó hoy una investigación donde el municipio de San Bernardo lidera el ranking de las comunas que más dinero gastan en comprar bajo la modalidad de “trato directo”.
El medio establece que casi el 18% de las compras municipales se han hecho por esta forma en lo que va de 2020, un mecanismo más oneroso y menos transparente que las licitaciones públicas. La justificación suele ser que permite reaccionar más rápido a la pandemia, pero datos reunidos por el Observatorio Fiscal muestran que este tipo de compra se ha usado para contratar servicios de recolección de basura y mantención de áreas verdes, que podían haberse licitado. Para el analista del Observatorio Fiscal José Mora, este uso se vincula con la “falta de planificación en las compras o contratación de servicios” y con “desorden de los gobiernos locales”.
El diario electrónico indagó las compras de los cuatro municipios que encabezan el ranking de trato directo: San Bernardo, Coquimbo, Rancagua y Las Condes.
Hasta agosto de 2020 las municipalidades de todo el país han realizado tratos directos por $214.509 millones, superando por $18 mil millones las adquisiciones hechas de esta manera el año pasado ($196.186 millones). Así lo destacan los datos reunidos por el Observatorio de Gasto Fiscal. La cifra es alta, especialmente para este tipo de compra, que es considerada como la fórmula de adquisición más opaca. A diferencia de una licitación pública, el trato directo significa una negociación con un oferente único. Y si bien es una forma razonable en tiempos en que el aparato público debe ofrecer respuestas rápidas a la emergencia sanitaria y la crisis económica, el trato directo implica riesgos importantes, entre ellos: selección arbitraria de proveedores, conflictos de interés entre las partes, posibilidad de negociaciones incompatibles y sobreprecios en los productos o servicios prestados.
Los antecedentes del Observatorio muestran que durante los últimos 5 años las compras por trato directo han representado en torno al 10-11% del total de compras municipales. Pero en lo que va de 2020 estas compras saltaron al 17,8%, ubicándose como el segundo mecanismo de compra pública. Esto implica que hasta agosto de este año se habían comprometido $214.509 millones por trato directo, superando todo lo comprometido durante el año anterior.
El medio agrega que “aunque la pandemia es la principal explicación de este aumento, el detalle de los tratos directos ejecutados por los municipios revela que los dos ítems que más crecieron en 2020 NO están vinculados con la crisis sanitaria. Se trata de gastos identificados como “Servicios de limpieza industrial” ($23.351 millones) y “servicios de construcción y mantenimiento” ($20.240 millones) en los que se incluye la recolección de basura y mantención de áreas verdes, servicios que podrían haberse licitado. Recién el tercer mayor monto se relaciona con la pandemia: “Equipamiento y suministros médicos”, con un monto de $19.672 millones.
El reglamento que rige las compras públicas establece que todas las adquisiciones por sobre 1.000 UTM (poco más de $50 millones) deben ser contratadas a través de licitación pública. Este mecanismo permite al municipio seleccionar la oferta más conveniente; y es especialmente recomendable en negocios donde la opacidad ha generado graves problemas. Ese es el caso de la basura que ha sido una permanente fuente de escándalos en muchos municipios; y los contratos por luminarias que hoy investiga el Ministerio Público en varias comunas (se sigue la pista a supuestos favores a concejales y otros funcionarios para favorecer a una empresa solicitando especificaciones técnicas que sólo ésta podía cumplir en los plazos establecidos).
Para el analista del Observatorio Fiscal José Mora, los municipios tienen distintos motivos para recurrir a esta modalidad de compra, desde la necesidad de prestar el servicio, hasta la existencia de un proveedor único. Sin embargo, lo que ve en los contratos más altos de 2020 es la “falta de planificación en las compras o contratación de servicios” y “desorden de los gobiernos locales”.
Mora se refiere a municipios que se atrasan en abrir licitaciones para servicios vitales para la población y deben extender el plazo del contrato con la empresa que prestaba ese servicio. A veces ocurre que deben ofrecer un trato directo después de la extensión.
SAN BERNARDO
Usando la base de datos del Observatorio, CIPER se sumergió en el detalle de estos tratos directos generados por los cuatro municipios que más usaron esta modalidad en lo que va de 2020.
Como se dijo, el mayor usuario fue San Bernardo. El 70% de sus compras hasta agosto de este año las hizo a través de esta modalidad, lo que contrasta con 2019, cuando el 37% de sus adquisiciones fueron por trato directo.
Esto quiere decir que la comuna pasó de gastar $2.425 millones en todo 2019 a superar los $7 mil millones hace unas semanas. Casi el triple.
La principal causa de este aumento estuvo en el “Servicio de Mantención y Reposición de Áreas Verdes” de la comuna a las empresas “Hidrosym Limitada” (cuyos socios son Aníbal Montalva Rodríguez, Catalina Larraín Barros, Gonzalo Sepúlveda y Patricio Latorre Sepúlveda) y “Sólo Verde S.A.” (cuyo principal controlador es el Fondo de Inversión Privado AltaCima, con el 96,3%).
Según los antecedentes reunidos por CIPER, estos tratos directos se generaron por la necesidad de mantener un servicio que se vencía y cuya licitación aún estaba en proceso. Esto ocurrió cuando era alcaldesa Nora Cuevas (UDI), quien en agosto dejó el municipio para llenar el cupo de Jaime Bellolio, actual ministro de la Secretaría General de Gobierno.
Leonel Cádiz (PS), actual alcalde de la comuna, explicó a CIPER que algunas de las cuatro empresas que prestaron el servicio hasta 2019, habían sido objeto de denuncias laborales. En vista de esto, el concejo municipal se negó a extenderles el contrato cuando éste venció. Esa decisión, sin embargo, enfrentó al municipio a un problema: la licitación pública para estas tareas no había concluido, por lo tanto, no había quien se hiciera cargo de las áreas verdes de la comuna.
La solución fue firmar un trato directo con “Hidrosym Limitada” y “Sólo Verde S.A.” a partir de enero de 2020. Solo Verde recibió $1.109.243.692; mientras que Hidrosym Ltda. percibió $1.056.689.904 por el servicio. Se argumentó “urgencia y necesidad” para recurrir al trato directo.
¿Por qué se seleccionaron estas empresas y no otras? “Hidrosym Limitada” y “Sólo Verde S.A. fueron aprobadas por el concejo, pero el alcalde Cádiz y la concejala Jovanka Collao (RN) no saben cómo es que entraron en la propuesta que se les presentó. La ex alcaldesa Nora Cuevas explicó a CIPER que el Administrador Municipal, Felipe Quintanilla, visitó otros municipios en búsqueda de un servicio “ad hoc” y llegó con estos nombres.
“Se pidió que se hiciera un estudio rápido de mercado, en comunas afines en cuanto a cantidad de metros cuadrados de áreas verdes (como La Reina, Peñalolén y Valdivia) y se pidieron nombres de empresas para hacer una invitación (a prestar el servicio aquí). Llegaron 3 o 4 empresas y luego quedaron Hidrosym y SoloVerde, que fueron las que se interesaron en participar”, dijo Cuevas.
La historia no termina aquí, pues en abril de este año, cuando había dos empresas ganadoras de la licitación (ninguna de las cuales superaba los $4.055 millones anuales de presupuesto que estableció el municipio) el concejo resolvió, por unanimidad, declarar desierto el concurso.
La decisión fue tomada siguiendo las recomendaciones de la comisión evaluadora (integrada, entre otros miembros, por el citado Felipe Quintanilla) y otros organismos del municipio. La ex alcaldesa Cuevas explicó a CIPER que en la decisión influyó que una de las empresas que ganó ya había estado en San Bernardo y había sido denunciada por problemas laborales.
-La licitación fue rechazada por el Concejo, porque los oferentes que se presentaron eran los mismos de siempre y debido a las denuncias contra algunas de estas empresas, la conclusión fue que no era posible seguir con los mismos”, dijo Cuevas.
Una consecuencia del fracaso de la licitación fue poner al municipio en una encrucijada. O renovaba, por trato directo, con “Hidrosym Limitada” y “Sólo Verde S.A”. o la comuna se quedaba sin servicio para sus áreas verdes. La extensión se acordó por 9 meses (a partir del 22 junio) lo que implicó para “Solo Verde” un contrato por $1.663 millones y para Hidrosym uno por $1.585 millones).
Así, los cuatro contratos generados con estas empresas se llevaron el 75,72% del total de tratos directos hechos hasta agosto de 2020, comprometiéndose a un gasto por $6.441 millones (IVA incluido); esto sobrepasa en $2 mil millones al presupuesto anual que tenía la municipalidad establecido en la truncada licitación.
Para el actual alcalde la seguidilla de decisiones que terminó en un gasto mayor para el municipio se explica por una “práctica sistemática de nunca cumplir los plazos para realizar las licitaciones, y esto está en actas del Concejo”.
La concejala Collao agrega que el millonario trato directo no puede justificarse por urgencia y necesidad porque “se sabía el período de vigencia de la licitación (2015-2019). O sea, tuvieron bastante tiempo para hacer esta contratación como corresponde”. Collao presentó un oficio a Contraloría para revisar si la justificación se ajusta al mérito que se explaya en el decreto.
La ex alcaldesa atribuye el episodio a las habilidades del personal que tenía que hacer la licitación “Llegar a los tiempos era difícil. Mientras estuve yo, fuimos tratando de perfeccionar el personal, pero de todas maneras yo siempre sentía que había una pata coja ahí, porque en realidad nos demorábamos, o bien no llegaban oferentes”, asegura Cuevas.
¿Se aprendió algo de esta lección? No está claro. En la actualidad faltan seis meses para que venza la extensión firmada con “Hidrosym Limitada” y “Sólo Verde S.A”. y todavía no han abierto la licitación. El alcalde Cadiz dice que lo harán apenas termine un estudio que busca catastrar las áreas verdes y parques de la comuna y así tener certeza de los lugares a mantener en la licitación.
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